Al menos cinco cadáveres humanos donados a la Universidad de Sonora (Unison) están extraviados, pues no existen documentos disponibles que permitan conocer cuándo fueron entregados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) o la Fiscalía General del Estado (FGE) al Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Unison, o ubicar donde se realizó su disposición final, ya sea su entierro o incineración.
Los cuerpos humanos fueron donados para fines didácticos o de divulgación científica a los campus de Hermosillo y Ciudad Obregón entre los años 2000 y 2019, de acuerdo con un documento oficial de la FGE, entregado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sin embargo, la Fiscalía reporta haber entregado 125 cadáveres a la Unison, cuando la Universidad informó que recibió 130 durante ese mismo periodo.
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El Artículo 82 del Reglamento de la Ley General de Salud (LGS) en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, establece que, cuando las instituciones educativas obtengan cadáveres para investigación o docencia, por parte del Ministerio Público, deberán presentar una autorización del depósito en favor de la institución, firmada por el agente del Ministerio Público con el que se entienda la diligencia.
A pesar de que, a través de la solicitud de transparencia 00711019, se requirió la entrega de la versión pública de los documentos de entrega-recepción de los cadáveres, ni la Fiscalía ni la Universidad divulgaron los documentos.
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Ninguna de las dos instituciones presentaron copias del formato SSA-06-005 de la Secretaría de Salud, que debe tramitarse y archivarse cuando una institución va a trasladar o disponer de un cadáver, o para notificar su inhumación o incineración.
Además de violar la LGS y su reglamento en la materia, la falta de documentos concordantes entre ambas instituciones violenta la cadena de custodia de los cadáveres estabecida en los protocolos forenses. Como consecuencia, imposibilita que el familiar de una persona desaparecida pueda dar seguimiento, desde que el cuerpo sin vida fue recogido por el Servicio Médico Forense, hasta que fue donado, y su disposición final, ya sea en un crematorio o en la fosa de un panteón.
La investigación nacional Donaciones de Cadáveres: una desaparición silenciosa, realizada por EMEEQUIS, en colaboración con Connectas y el International Center for Journalists reveló que esta situación no es exclusiva de Oaxaca, ya que en 18 estados del país prevalece una falta generalizada de archivos sobre la entrega, resguardo o disposición final de los cuerpos humanos donados a universidades estatales, así como discrepancias sistemáticas en las cifras reportadas por las fiscalías y los centros de estudios superiores, tanto públicos como privados.
En distintos estados se registraron casos como el de Gemma, una joven veracruzana que fue secuestrada y su padre investiga si su cuerpo fue donado a una escuela privada. De “Octavio”, únicamente apareció su pierna en una universidad en Baja California. A “Javier” y José Luis sus familias aún los buscan con desesperación en facultades de medicina de Coahuila y Jalisco.
Todas ellas, forman parte de una trama de dos décadas, que se ha convertido en un nuevo tipo de #DesapariciónSilenciosa.
